Conferencia “Transparencia universitaria, derechos y obligaciones”

IMG_0565

En el  Salón Mayor del Centro Cultural Universitario, la Coordinadora de información Pública (CIP), llevó a cabo  la conferencia “Transparencia universitaria, derechos y obligaciones”, donde estuvieron presentes las autoridades de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.

El arquitecto Carlos Valladares, secretario general, manifestó: ”Existe un compromiso con la transparencia y debemos sentirnos dichosos de laborar para esta digna y gran institución que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo que debe hacerse uso de los recursos de la mejor manera; ese es y debe de ser un compromiso de cada uno de nosotros”.

Las autoridades sancarlistas entregaron un reconocimiento por su destacada disertación  al tenor operático Paul Colindres;   Licda. María Graciela Cabrera Arana, encargada de la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación;  y al profesor Bayardo Arturo Mejía Monzón.

La Licda. María Graciela Cabrera Arana ofreció una entrevista al Periódico de la USAC:

¿Cuál es la importancia de mejorar la calidad en los servicios de información pública?

El derecho de acceso a la información es un derecho humano universal y su ejercicio dependerá de la apertura de las instituciones públicas para dar a conocer cómo se están ejecutando o administrando los fondos públicos recaudados a partir del pago de impuestos por parte de la población.

Un aspecto relevante en la mejora de la calidad de los servicios públicos es la observancia de los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, que precisamente destaca la importancia de ponderar la máxima publicidad, sencillez y celeridad en el procedimiento, para facilitar el acceso a la información pública y promover la rendición de cuentas.

IMG_0572 María Cabrera

¿Por qué se debe auditar el gasto público?

Porque permite conocer de primera fuente cómo y en qué se están invirtiendo los fondos públicos a partir del cumplimiento de obligaciones contractuales que se rigen por dos principios: el primero que se refiere a la oferta que determina la necesidad prioritaria de las instituciones de adquirir bienes y servicios, que le serán de utilidad para cumplir los diversos proyectos; y l segundo implica la demanda, generada por los prestadores de servicios, con el fin de atender las necesidades de la población en estado de vulnerabilidad, tomando en cuenta el mandato constitucional de alcanzar el bien común y el desarrollo integral de la persona.

El ejercicio de una auditoría social no solo promueve la transparencia, sino que fortalece la rendición de cuentas.

¿Cuál es la necesidad de promover la transparencia en la USAC?

Se permite que la ciudadanía conozca los planes, programas, acciones, entre otros, que la universidad implementa para el ejercicio de sus funciones y atender a una población estudiantil que diariamente se interesa por ingresar y formarse en esta casa de estudios, donde el cumplimiento de requisitos representa la base para optar a una formación universitaria de calidad.

Adicionalmente, porque es de suma importancia que la universidad dé a conocer en qué está trabajando para el logro de sus objetivos, en beneficio de la población estudiantil.

IMG_0679

Datos

  • Ley de Acceso a la Información Pública, Disposiciones Generales:  
  • Artículo 6. Sujetos obligados. Es toda persona individual o jurídica, pública, o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:
  • Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas.
  • Organismo Legislativo, Organismo Judicial.
  • Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas.
  • Corte de Constitucionalidad.
  • Tribunal Supremo Electoral.
  • Contraloría General de Cuentas.
  • Ministerio Público.
  • Procuraduría General de la Nación.
  • Procurador de los Derechos Humanos.
  • Instituto de la Defensa Pública Penal.
  • Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
  • Registro Nacional de las Personas.
  • Instituto de Fomento Municipal.
  • Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  • Instituto de Previsión Militar.
  • Gobernaciones departamentales.
  • Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
  • Banco de Guatemala.
  • Junta Monetaria.
  • Superintendencia de Bancos.
  • Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, federaciones y asociaciones deportivas nacionales y departamentales que la integran.
  • Comité Olímpico Guatemalteco.
  • Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
  • Superintendencia de Administración Tributaria.
  • Superintendencia de Telecomunicaciones.
  • Empresas del Estado y las entidades privadas que ejerzan funciones públicas.
  • Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos.
  • Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado.
  • Las empresas privadas a quienes se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la explotación de un bien del Estado.
  • Organismos y entidades públicas o privadas internacionales que reciban, manejen o administren con fondos públicos o recursos públicos.
  • Los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administren con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionales suscritos por la República de Guatemala.
  • Las personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares.
  • Comités, patronatos, asociaciones autorizadas por la ley para la recaudación y manejo de fondos para fines públicos y de beneficio social, que perciban  aportes o donaciones del Estado.
  • En los casos en que las leyes específicas regulen o establezcan  reservas o garantías de confidencialidad deberán observarse las mismas para la aplicación de la presente ley.